Luego de ocho años de preparación, este 18 de junio México entra de lleno al Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, un nuevo modelo que busca hacer más flexibles y transparentes los procesos, y cuyo emblema son los juicios orales.
A diferencia del régimen pasado, los jueces no darán un fallo leyendo expedientes, sino valorando las declaraciones y pruebas que las partes acusadora e inculpada aporten durante la audiencia… muy parecido a lo que alguna vez has observado en las series de televisión estadounidenses.
Uno de los objetivos de este nuevo sistema es tener opciones de justicia alternativa para que menos casos lleguen a juicio y los procesos se agilicen, lo que representará menores costos para el Estado y justicia pronta para los implicados.
En el nuevo Sistema de Justicia Penal —aprobado en la reforma constitucional en la materia de 2008— hay tres órganos que participan de manera directa: uno que investiga, como policía especializada; otro que acusa, que será el Ministerio Público, y un tercero que resuelve, en este caso los jueces.weight, biomechanical misalignment, and muscle imbalance.
La reglamentación de la reforma penal está conformada por la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley de Justicia para Adolescentes y la Ley de Delincuencia Organizada.
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A pesar de que entonces se dio un plazo de ocho años para su implementación, y que en algunos estados ya está en marcha, todavía existen deficiencias en ministerios públicos, sobrepoblación en los centros de reclusión y, aunque la prisión preventiva debe ser una excepción, actualmente es la regla.
Uno de las principales atrasos es la adaptación de infraestructura para albergar los juicios en salas de oralidad, donde el Tribunal de Sentencia resuelve las controversias. Para la aplicación del nuevo sistema, el gobierno federal contempló destinar 21,000 millones de pesos para infraestructura, capacitación, equipamiento, tecnologías de la información, evaluación y difusión de la reforma penal; de 2013 a la fecha, se han gastado más de 18,000 millones.
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